"Argentina sólo se confiesa ante Dios", afirmó el Ministro del Interior de la última Dictadura Militar, general Albano Harguindeguy.
Según estimaciones de la Junta Militar, en septiembre de 1977 estaban detenidos o abatidos unos 8.000 subversivos'. Había, aunque no se dijo, 300 campos clandestinos de prisioneros. Los más importantes eran Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la Perla (Córdoba).
El temible método de hacer "desaparecer" a personas sin dejar rastro fue adoptado por la Junta para eludir responsabilidades, evitar demostraciones de dolor o de venganza y sembrar un terror vago, silencioso y eficaz. Dicho método facilitó la eliminación no sólo de personas armadas y entrenadas, sino de personas de ideología progresista, cristianos de izquierda, asistentes sociales, periodistas y alumnos secundarios que reclamaban por cuestiones estudiantiles.
Para llevar adelante este proyecto siniestro, que alteraba profundamente los códigos morales de la vida militar, se hizo un "pacto de sangre" entre oficiales y suboficiales. En Córdoba se obligó a los oficiales a participar por turno rotativo en las distintas etapas de la represión, la tortura y el fusilamiento. Impulsaba este procedimiento el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, uno de los más poderosos "señores de la guerra". Temibles fueron también el general Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense, y el general Guillermo Suárez Mason, del Primer Cuerpo de Ejército.
En 1978, cuando el país se preparaba para el Mundial de Fútbol, la opinión pública internacional, movilizada por los organismos de derechos humanos, estaba mejor enterada de los efectos de la "guerra sucia" que los propios argentinos. Esto se debía al riguroso control de los medios de comunicación ejercido por el gobierno y al asesinato de los periodistas que no cumplían con las reglas impuestas.
Los casos de la desaparición en la ESMA de dos religiosas francesas y de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, apresada por error, tuvieron especial repercusión internacional.
Se discute todavía hoy el número de víctimas de la "guerra sucia". Los organismos defensores de derechos humanos - Madres de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - denunciaron la existencia de 30.000 desaparecidos.
El Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep, 1984) comprobó 8.960 casos de personas secuestradas y desaparecidas, y los de 1.898 más, muertas en enfrentamientos con fuerzas del orden. Otras 889 que fueron secuestradas, sobrevivieron e informaron de su reaparición. Se estima asimismo que los atentados de la organización derechista Triple A mataron a alrededor de 900 personas. Sobre estas bases, un cuidadoso estudio del general español Prudencio García propone una cifra que oscila entre 15.000 y 20.000 desaparecidos, porque, dice, muchos nombres no fueron denunciados ante la Justicia.
En las Fuerzas Armadas y de seguridad, las víctimas de los atentados de la subversión fueron 687. Sus familiares se agruparon en FAMUS. Por consiguiente, por cada uno de los caídos gubernamentales habrían muerto más de veinte terroristas.
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